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Compromisos contra la corrupción en América Latina: análisis de los Planes Nacionales de Acción en la Alianza para el Gobierno Abierto

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Compromisos contra la corrupción en América Latina: análisis de los Planes Nacionales de Acción en la Alianza para el Gobierno Abierto

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AUTOR: Dr. Ernesto Velasco Sánchez           

Panel Internacional de Expertos. Mecanismo Independiente de Revisión. Alianza para el Gobierno Abierto

 

Gobierno abierto y corrupción son conceptos antagónicos. De acuerdo con la Carta Iberoamericana el gobierno abierto es “el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas, para fortalecer la democracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo”. La idea de apertura implica recuperar el aspecto público del gobierno, poniendo las necesidades y expectativas ciudadanas en el centro de la atención y promoviendo la colaboración para lograr los objetivos sociales compartidos. Por su parte, Transparencia Internacional define corrupción como “el abuso del poder para beneficio propio”, es decir, es un fenómeno donde los comportamientos se alejan o no se alinean con el interés general. De hecho, se esperaría que una de las áreas de donde la apertura puede hacer una contribución importante es justamente en la reducción de la corrupción.

 

En congruencia, la declaración a la que los países se adhieren para incorporarse a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), iniciativa multilateral co liderada por gobiernos y sociedad civil en condición de paridad que fue lanzada en 2011, señala la necesidad de fortalecer la lucha contra la corrupción, por medio tanto de establecer altos estándares éticos, códigos de conducta, y de “ tener políticas, prácticas y mecanismos sólidos contra la corrupción, que garanticen la transparencia en la gestión de las finanzas públicas y las compras gubernamentales, y que fortalezcan el imperio de la ley”. La declaración menciona medidas tales como hacer pública la información de ingresos y bienes de sus funcionarios y los datos de desempeño de los organismos de lucha contra la corrupción, establecer medidas disuasivas del soborno y la corrupción en los sectores público y privados, así como intercambiar información y experiencias. Los integrantes de la AGA deben publicar Planes Nacionales de Acción bianuales (PNA) donde se establezcan los principales compromisos para avanzar en la apertura gubernamental, mismos que son revisados por el Mecanismo de Revisión Independiente (MRI) que publica reportes de medio y fin de término que son elaborados por investigadores locales. La información de estos reportes está publicada en el portal de la AGA y en la base de datos conocida como OGP Explorer.

 

En este marco y dada la coyuntura crítica que vive América Latina por los escándalos de corrupción que han estallado en países como Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, México y Panamá, por mencionar sólo algunos, cabe preguntarse en qué medida el combate a la corrupción ha sido integrado en los compromisos de los PNA. El MRI ha trabajado con el Secretariado de Transparencia Internacional para construir una base de datos que identifique los compromisos directamente relacionados con el combate a la corrupción. Si bien se puede argumentar que casi cualquier acción que fomente la apertura del gobierno puede tener como efecto la reducción, la base trata de identificar aquellos que clara y directamente buscan dicha reducción. Se cuenta con una base provisional que, si bien no contiene los PNA ni reportes más recientes, para octubre de 2017 incluye 2.760 compromisos. A partir de una búsqueda de etiquetas como “compras públicas”, “conflicto de interés”. “leyes e instituciones anti-corrupción”, entre otras, además de una revisión manual, se identificaron 193 compromisos directamente relacionados con el combate a la corrupción, que equivalen a 7% del total. En el caso de los compromisos de los 14 países latinoamericanos integrantes de la AGA, de los 866 incluidos en la base, sólo 35 tienen una clara orientación anti-corrupción, es decir, 4%. Es necesario decir que un conjunto de 25 adicionales que podrían tener relación con el combate a la corrupción pero que, en una primera lectura, no había certeza suficiente.

 

Adicionalmente, la base contaba con valoraciones de medio o fin de término por parte del MRI para 1.906 compromisos. En el caso de los países de América Latina, los compromisos con valoración del MRI es 601, de los que 29 están considerados claramente relacionados con el combate a la corrupción. El MRI valora la claridad de la redacción del compromiso, es decir, en qué medida es monitoreable su ejecución, en una escala de cuatro puntos (ninguna, baja, media y alta). De los compromisos anticorrupción de la región, 72.4% de los compromisos relevantes para anticorrupción tienen especificidad media o alta, lo que es similar a los porcentajes para aquellos no relevantes.

 

Otro aspecto valorado por el MRI es el nivel de impacto potencial que un compromiso puede tener, de ser ejecutado adecuadamente en su totalidad. De nuevo es una escala de cuatro puntos (ninguno, poco, moderado, transformativo). Es interesante que, en este aspecto, los compromisos claramente anticorrupción de todos los países de la AGA tienen niveles de impacto potencial mayores que el resto de los compromisos. Por ejemplo, un mayor porcentaje de ellos tienen potencial transformativo en comparación con los no relevantes (28.5% contra 15.8%). En el caso de América Latina, de los compromisos relacionados con la corrupción, tienen potencial transformador representan 35.7% (10 de 28), incluso mayor que el porcentaje global. Esto puede deberse a que el tema tiene gran importancia actualmente en estos países.

 

El MRI también emite un juicio sobre el grado en que los compromisos se han cumplido, en una escala que va de “no iniciado” a “avance limitado”, “avance sustancial” hasta “completado” (con dos excepciones, aquellos compromisos que son retirados o que no hay claridad en su nivel de avance).  En el caso de los compromisos anticorrupción en AL, 3 compromisos de los 29 que cuentan con valoración no han iniciado, 9 tienen un avance limitado, 9 tienen un avance sustancial y 6 ya han sido completados. Respecto a los relevantes para corrupción completados, América latina contrasta con otras regiones: mientras los países latinoamericanos 20% han sido concluidos, en Asia este porcentaje es 31% y en Europa es 26%.

 

El MRI también señala si los compromisos son relevantes respecto de los valores de la AGA, es decir, si fortalecen la participación ciudadana, el acceso a la información, la rendición pública de cuentas o aprovechan las tecnologías de información y comunicación para apuntalar alguno de los otros valores mencionados. Cada compromiso puede estar ligado a uno o más de estos temas. En el caso de los compromisos anticorrupción en América Latina, la mayoría tienen que ver con la rendición de cuentas (76%), seguido del acceso a la información (61%) y de la participación ciudadana (41%). Es notable el bajo porcentaje de compromisos que aprovechan las tecnologías para combatir a corrupción (10%).

 

En suma, los compromisos claramente relacionados con el combate a la corrupción son una minoría del total, a nivel global y en América Latina. A pesar de esto, suelen ser claros y cuentan con niveles de impacto potencial en general altos. Por otra parte, el nivel de avance es decepcionante, particularmente en los países latinoamericanos. Esto puede ser resultado de las resistencias enfrentadas al llevarlos a la práctica o a que resultan demasiado ambiciosos para ser ejecutados. Finalmente, en la región latinoamericana existe un amplio espacio para explorar nuevas formas de aprovechar las tecnologías para avanzar en el combate a la corrupción.

 

Los retos de avanzar en el combate a la corrupción son enormes en América Latina. Sin embargo, hemos presenciado un alto grado de movilización ciudadana que ha generado un clima de exigencia y la irrupción en la arena pública de nuevos colectivos. El enfoque de Gobierno Abierto puede ser una oportunidad para canalizar la demanda e indignación sociales, al permitir pasar de la protesta a la colaboración. No será sencillo, pero puede ser una vía productiva que avance en restablecer la credibilidad y confianza hacia los actores estatales. La agenda democrática de los próximos años pasará por plasmar compromisos serios y que se cumplan respecto a la corrupción; esa debe ser la apuesta para lograr recuperar la legitimidad de las instituciones y alcanzar a una gobernanza a la altura de las realidades del siglo XXI.

 

 

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