El Proyecto Integridad de TI-España está financiado por Siemens Integrity Initiative
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Funcionarios públicos de varias consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha reciben formación sobre Pactos de Integridad

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Funcionarios públicos de varias consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha reciben formación sobre Pactos de Integridad

El pasado 16 de noviembre de 2018, un grupo de funcionarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha participó en una actividad de formación sobre Pactos de Integridad, celebrada en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, organizada por Transparency International España en el marco del Proyecto Integridad.

 Tal y como explicó Fernando González, coordinador del Proyecto Integridad, los Pactos de Integridad son herramientas que contribuyen a prevenir la corrupción en la contratación pública y, al mismo tiempo, sirven para promover la cultura de la integridad, la transparencia, la eficacia y la rendición de cuentas en las administraciones públicas.

 En concreto, se trata de procesos de auditorías ciudadanas para evaluar los contratos públicos. En estas auditorías participan expertos independientes, cuya función es monitorear las distintas fases de la licitación pública, con la finalidad de verificar que se cumplen las pautas acordadas por la autoridad pública, las empresas y los monitores del proceso. El objetivo es prevenir las posibilidades de que ocurran irregularidades.

 TI-España ha desarrollado hasta el momento tres Pactos de Integridad: uno con el Ayuntamiento de Madrid, otro con la Generalitat Valencianay otros dos más en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

 “Los Pactos de Integridad no son la panacea para solucionar el problema de la corrupción en España, pero sí ayudan a crear una cultura de la transparencia. Eso es algo muy positivo. Además, se fomenta la participación social, pero de una manera profesional y ordenada. Es, en definitiva, la canalización del deseo de la sociedad civil de participar en la gestión pública”, señaló González.

Los indicios de conductas delictivas en la contratación pública

Además de la explicación de los Pactos de Integridad, la formación de los funcionarios se complementó con una ponencia de Ángeles Jareño Leal, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Valencia.

Jareño señaló que los tribunales están concentrando funciones que debe llevar adelante el área contencioso-administrativa, que sería la genuinamente competente en esta materia. “No creo que el derecho penal haya fracasado en la lucha contra la corrupción, sino más bien es el derecho administrativo sancionador el que ha fracasado”, señaló.

Apuntó que la jurisprudencia penal ha cambiado después de la crisis económica. Por ejemplo, ha habido reformas en el Código Penal para incrementar las penas de los delitos asociados a la corrupción. A eso se suma que hay mayor persecución de estos delitos, existen fiscalías anticorrupción y se puede apreciar mucha vigilancia ciudadana. “Eso hace que en los tribunales se hayan multiplicado los asuntos relacionados con la contratación pública”, explicó.

Ofreció detalles sobre los cambios en relación con los delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas: ahora hay una interpretación más estricta, que contribuye a que ciertas conductas que anteriormente no eran consideradas delictivas, ahora sí lo sean. Por ejemplo, se puede condenar a un funcionario que, aunque no haya conseguido un beneficio propio y se haya guiado por el interés público, no haya cumplido con los procedimientos en la contratación.

Ante este escenario cada vez más complejo, se hace necesaria la colaboración entre expertos, sociedad civil y administraciones, para trabajar en la prevención de la corrupción, que, en el caso de España, se concentra especialmente en el área de la contratación pública.

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