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La transparencia real es una cuestión de datos y es posible y deseable

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La transparencia real es una cuestión de datos y es posible y deseable

 

AUTOR: Alberto Abella       Foto_-_Alberto_Abella_-_Retrato__2_

Profesor asociado, URJC. Senior mánager en desideDatum.

 

La transparencia es, sin duda, una tendencia en la gobernanza pública. El gobierno abierto, posiblemente el trending topic de la gobernanza pública, requiere ser transparente y responsable como base para la gestión pública.

 

Muchas regiones, municipios y el gobierno central de España han aprobado leyes que apoyan la transparencia y el derecho de acceso a la información. Aún más, algunos estándares privados aún más de moda que las leyes, son ampliamente utilizados por las entidades públicas.

 

Y este es uno de los problemas actuales que tenemos. Hay una ley nacional de transparencia en España (2013), pero no hay un reglamento que proporcione algunos detalles menores como un sistema de sanciones. Por lo tanto, es cierto que hay una ley, pero es difícil que se le pueda castigar mientras no se defina cuáles son las consecuencias de violar la ley.

 

Sin embargo, en las normas privadas hay un sistema de sanciones, los medios. Si su entidad pública aparece en las últimas posiciones del ranking, el responsable de la entidad está condenado. Tendrá que dar explicaciones sobre por qué algunas otras entidades tienen una puntuación más alta (algunas de ellas posiblemente cercanas y administradas por otros partidos políticos).

 

Por otro lado, aquellas entidades con puntuaciones altas en tales clasificaciones pueden dormir tranquilos. Pueden justificar todo lo que hacen porque son ‘oficialmente’ transparentes. Actualmente, 26 de las 110 ciudades analizadas obtuvieron el 100% en tales clasificaciones. Y más de 70 de estas 110 puntuaciones son mayores del 90%. ¿No estarías orgulloso de ser el 90%? Los líderes políticos de estas ciudades realmente lo están.

 

Sin embargo, es necesario saber cuáles son las limitaciones de tales clasificaciones de basadas en “fotos”. Evalúan las entidades públicas una vez cada dos o tres años, por lo que en medio de dichas evaluaciones la transparencia podría ser cero y mantendrían su puntuación. Se requieren todavía menos detalles sobre cómo se publica la información.

 

Por ejemplo, el pdf es un formato válido, incluso aquellos en formato de imagen que ni siquiera se pueden buscar por un solo término. Necesitaremos leer manualmente el documento completo para descubrir algo. Y, por supuesto, no hay cálculos, filtros, etc. disponibles con la información publicada.

 

En 2017 ya no se puede considerar una transparencia adecuada.

 

Veamos algunos ejemplos. Trate de averiguar cuál es la cantidad total de dinero gastada por la ciudad de Gijón (una ciudad 100% transparente) en contratos menores. O intente descubrirlo en función de su “base de datos” histórica. Desafiante, ¿no? O trate de averiguar cuántos contratos ha ganado una compañía en el municipio de León (otro 100% en transparencia). ¿Qué hay de sus bienes inmuebles? ¿Por qué todos ellos tienen 1m2 de superficie y todos fueron adquiridos en el 1-1-1980? ¿Es esta transparencia? O, finalmente, intente encontrar las cuentas anuales de 2016, en el portal de transparencia de Soria (tenga en cuenta que estamos a finales de 2017). Sí, es otra ciudad 100% transparente.

 

Siendo solo algunos ejemplos, estas situaciones describen un contexto donde la transparencia real es fácilmente engañada. Esto ocurre no solo porque hay una voluntad de engañar a la transparencia (no se puede descartar), sino porque están en el “viejo” enfoque de la transparencia. Y con ese enfoque, es una cuestión de recursos. Imaginemos que debe recopilar manualmente toda la información que tiene en los 80 indicadores de transparencia de algunos de los índices de transparencia más populares. Cada detalle podría implicar cientos o incluso miles de registros distribuidos en los diferentes departamentos de la entidad pública. Hacer que esos datos sean coherentes, filtrar los problemas de privacidad, seguridad y que sean publicables requerirá de un equipo completo de personas dedicando meses de trabajo para recopilar tal cantidad de información que se publicará una vez cada dos años.

 

¿Podría imaginarse si la información requerida debiera publicarse anualmente, trimestralmente, mensualmente o semanalmente? Con el enfoque actual, es imposible. No hay recursos en ninguna ciudad para actualizarse. Quiero creer que la información omitida en los ejemplos se debe principalmente a esta falta de recursos.

 

¿Entonces la transparencia en tiempo real es posible? Definitivamente es posible y podemos ver algunos ejemplos. Sin embargo, requiere de algunos cambios estructurales en la forma en que administramos la información. Ya no es posible recopilar la información manualmente. Todo (la práctica totalidad) debe automatizarse, digitalizarse, de lo contrario, como se describió anteriormente, las instituciones públicas no podrán permitirse la transparencia.

 

¿Eso es todo? Mayormente sí. Sin embargo, la digitalización requiere una política de gobierno de datos activa implementada en toda la institución. La gestión de datos gestionaría el inventario de recursos de datos (la lista de conjuntos de datos que se gestionarán activamente) y aún más tiene que crear un diccionario de datos (la descripción de los campos clave) en cualquiera de esos conjuntos de datos inventariados. Requiere tener un área dedicada a los datos administrados (diferente del área responsable que administra los sistemas de TI). También requiere una estandarización de datos en toda la entidad. También requiere calificar los conjuntos de datos con datos personales y susceptibles de ser afectados por temas de seguridad, incluir la perspectiva de género, la de edad, etc. ¿Solo por transparencia? De ningún modo. La gobernanza de datos es una necesidad en las administraciones públicas actuales, y de las entidades privadas también. La cantidad cada vez mayor de información solicitada por los ciudadanos y por otras instituciones y regulaciones obliga a las entidades a estructurar su gestión interna de datos. De lo contrario, no es ni asequible y ni siquiera sería posible.

 

Entonces, al final, la transparencia depende de dos cosas simples. La voluntad política de ser transparente y la correcta gestión interna de datos de las instituciones. Lamentablemente, ninguno de estos se encuentra fácilmente en estos días. Y en el segundo caso también requiere experiencia y algunos recursos. Pero definitivamente vale la pena el esfuerzo y los resultados superan con creces la inversión.

 

Dedicado a Esther Arizmendi, primera presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que nos inspiró y nos dejó su ejemplo más allá de lo exigible.

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