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Las administraciones públicas, reacias a los pactos de integridad

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Las administraciones públicas, reacias a los pactos de integridad

Artículo publicado en La Vanguardia (8 de mayo de 2018).

Autora: Raquel Andrés Durá

 

La Intervención General de la Generalitat Valenciana cifró en 2015 un sobrecoste de 1.130 millones de euros en la construcción de colegios públicos (a través de la empresa pública CIEGSA). Uno de los primeros grandes escándalos que destapó el gobierno de izquierdas de la anterior gestión del PP contrasta ahora con una iniciativa lanzada desde la Conselleria de Transparencia y Participación. Por primera vez, se construirá un centro escolar valenciano contando con una auditoría externa de la sociedad civil en todas sus fases para controlar que no haya irregularidades.

 

El proyecto es pionero en España. Hasta ahora, solo el Ayuntamiento de Madrid había hecho algo similar contando con auditores externos tras la adjudicación del servicio del 010. En este caso, el Gobierno valenciano es el primero autonómico que lo hará, y además, seguirá todo el proceso “desde cero”: fase previa a la licitación, proceso de licitación, adjudicación del contrato, ejecución del contrato y finalización del contrato.

 

Se trata del mecanismo de auditoría ciudadana conocida como “pactos de integridad”, utilizado ya en otros países del mundo y que se incluirá en el Plan de Innovación y Calidad. El Gobierno valenciano prevé aplicar esta medida en contratos y en subvenciones públicas. Tiene tres patas: la institución pública que lanza el concurso, las empresas licitadoras y el observador o monitor externo.

 

El primer proyecto que se llevará a cabo de “forma experimental” será la construcción del CEIP El Rajolar de Aldaia (Valencia), que contará con 450 plazas escolares y costará 1,8 millones de euros. Aquí participará como auditora externa la ONG Transparencia Internacional España (TIE), que ha elegido como representantes a una catedrática en derecho administrativo y a un arquitecto. Un comité de selección elige a los observadores y estos deben firmar una cláusula de confidencialidad y no tener conflicto de intereses.

 

La directora general de Transparencia y Participación, Aitana Mas, explica que la auditoría externa se incorpora al proceso como contrato menor. Invitaron a varias asociaciones pero finalmente solo se presentó TIE. La ONG “actúa como agente imparcial” y es la que se encargó de nombrar a los auditores. Durante todo el proceso, TIE es la “intermediaria” en el seguimiento que hagan las instituciones públicas y los monitores, de manera que estos últimos no tendrán un contacto directo para garantizar la independencia.

 

El investigador Esteban Arribas, responsable de Integridad en la Contratación Pública de TIE, explica que después del Gobierno valenciano, han llegado a acuerdos de integridad con el Gobierno de Castilla-La Mancha para la construcción de una escuela y de un gimnasio.

 

Defiende que “hay que ir más allá del contrato público” y la idea de los pactos de integridad buscan hacer que la transparencia desde el principio, antes incluso de tomar la decisión y de elaborar los pliegos. Lanza preguntas como: “¿Por qué un colegio en ese municipio? ¿Por qué de ese tamaño? ¿Por qué en ese terreno?”. “La etapa de pre-decisión es esencial, determina los pasos siguientes. Sirve para que el proceso sea más transparente y participativo, y es el trabajo previo a mejorar el futuro pliego”, asiente.

 

Arribas cuenta que han hablado “con distintos gobiernos” para proponer la realización de “pactos de integridad”, pero en la mayoría de los casos los han rechazado. Solo han contado con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, la Generalitat Valenciana y ahora, el Gobierno de Castilla-La Mancha. “Necesitamos voluntad política”, asevera.

 

Por otro lado, dice que “la pata más complicada” son las empresas: “Son muy celosos para compartir información por temas de propiedad industrial. No tanto porque lo hagan mal, sino para que no se filtren cosas por la competencia con otras empresas”.

 

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