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Las empresas incumplen sus deberes de transparencia

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Las empresas incumplen sus deberes de transparencia

Publicado el 21/07/2017 en la revista mensual Buen Gobierno y RSC de El Economista, escrito por Pedro del Rosal.

 

Un informe constata que la mayoría de compañías desconoce o incumple los deberes en materia de publicidad activa que impone la Ley como consecuencia de la recepción de ayudas o subvenciones

 

Como punto de partida, debe subrayarse el desconocimiento que hay del hecho de que muchas empresas son sujetos obligados de acuerdo con la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Es decir, que según lo establecido en la norma, le son exigibles el cumplimiento de una serie de deberes en relación con la publicación de información institucional y de carácter económico y presupuestario.

 

El artículo 3.2 de la Ley determina que son sujetos obligados las entidades privadas que perciban, durante el período de un año, ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros, o cuando al menos el 40 por ciento de sus ingresos anuales tengan el mismo origen, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

 

“Utilizar el segundo criterio es mucho más complicado porque necesitaríamos los informes de cada una de las empresas, con lo cual, de acuerdo con la información disponible, elaboramos el estudio en base al primer criterio: empresas que reciben más de 100.000 euros durante un año”, explica César Cruz, autor del informe Ley de Transparencia y grandes empresas en España (ver informe), que analiza la implementación de la norma en el sector privado durante los años 2016 y 2017.

 

El documento, elaborado por la ONG Transparencia Internacional, refleja que el nivel de conocimiento y cumplimiento de la norma en el sector privado es francamente mejorable. En muchos casos, no obstante, no se debe a que exista voluntad de esconder la información, puesto que las compañías tienen publicados datos institucionales o económicos, sólo que no concuerda con lo que exige la ley o resulta incompleta.  Cruz también señala que la deficiente técnica legislativa empleada en la redacción de la Ley 19/2013, pensada en un comienzo únicamente para el sector público, tampoco ayuda a facilitar el cumplimiento por parte de las entidades privadas. La ausencia de sanciones en caso de incumplimiento y las limitaciones con las que debe trabajar el Consejo de Transparencia también suponen un lastre para dicho objetivo.

 

El informe analiza un conjunto de 67 empresas cotizadas durante los años 2016 y 2017. Al ofrecer la Ley de Transparencia un criterio temporal –las ayudas percibida durante el año anterior–, el número de sujetos obligados identificados fluctúa: en el primer año fueron 19 y, en el segundo, 25; el 28 por ciento y el 37 por ciento, respectivamente.

 

En relación al nivel de cumplimiento, en 2016 sólo dos empresas cumplieron con los requisitos de la Ley. Una de ellas se encontraba obligada de acuerdo con el artículo 3.2; mientras que la otra, al no haber superado los 100.000 euros en ayudas recibidas en 2015, lo hizo de manera voluntaria. En 2017, por su parte, sólo dos de las 25 obligadas cumplieron con las exigencias de la norma.

 

Dentro del grupo de empresas seleccionadas, para identificar aquéllas que debían cumplir los requerimientos de la Ley, Transparencia Internacional acudió al Portal del Sistema Nacional de Publicidad sobre Subvenciones, puesto en marcha en su versión actual en enero de 2016.

 

En la determinación del montante anual recibido, la investigación no ha distinguido entre tipos de ayudas o subvenciones concedidas. Uno de los elementos que destaca el informe es la discontinuidad en el tiempo de la obligación, al depender de las subvenciones recibidas el año anterior. En este sentido, de las 67 empresas seleccionadas, 12 tuvieron durante los dos años anteriores ayudas por encima de los 100.000 euros.

 

“La discontinuidad es un problema”, subraya Cruz, que señala que el Reglamento de desarrollo de la Ley es una oportunidad para fijar algún sistema que haga permanentes las obligaciones de publicidad, puesto que lo contrario puede producir confusión o una laxa observancia. Junto con el desconocimiento del contenido de la norma y la problemática de la discontinuidad de la obligación, el informe también pone de manifiesto la escasa relevancia que el sector público concede a la Ley 19/2013 y la problemática asociada a la falta de un desarrollo reglamentario –confusión terminológica, indeterminación sobre cómo debe presentarse la información, etc. –. Otro de las cuestiones que se apunta que requerirían ser abordadas es la aprobación de una normativa que aborde la diversidad empresarial.

 

Ante los datos, Transparencia Internacional plantea cuatro recomendaciones:

 

  1. En primer lugar, la publicación de un listado-repositorio sobre los sujetos obligados en materia de publicidad activa.

 

  1. Asimismo, que el Reglamento de la Ley de Transparencia desgrane cómo cumplir las exigencias de la norma.

 

  1. En tercer lugar, la ONG ve necesario que el Gobierno desarrolle, junto con el Consejo de Transparencia, y con la participación de la patronal y la sociedad civil, una guía práctica para que las empresas puedan dar cumplimiento a la Ley.

 

  1. Finalmente, el informe reclama que se modifique la norma para “ganar en continuidad”, evitando que haya empresas que se vean obligadas un año sí y un año no.

 

Por último, el documento recoge algunas recomendaciones hechas anónimamente por parte de los miembros de las empresas entrevistados. Entre ellas destaca el desarrollo de una ley o una normativa de transparencia específica para el sector privado, o el establecimiento de un sistema de validaciones o una certificación para acreditar su cumplimiento.

 

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