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Pactos de Integridad: una licitación “supervisada”

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Pactos de Integridad: una licitación “supervisada”

Publicado el 21/07/2017 en la revista mensual Buen Gobierno y RSC de El Economista, escrito por Pedro del Rosal.

 

Bruselas estudia, en un proyecto piloto, la introducción de un tercero independiente que examine todo el proceso de la contratación pública; los objetivos: reducir costes, detectar y prevenir la corrupción

 

Por el momento es solo un proyecto piloto, pero una vez obtenga sus resultados, la Comisión Europea (CE) estudiará cómo y en qué tipo de contratos públicos implementar los pactos de integridad. “Por ejemplo, en los que estén por encima de los 50 millones de euros”, especial Pascal Boijmans, jefe de la Unidad de la Dirección General de la Política Regional y Urbana del Ejecutivo comunitario.

 

Los pactos de integridad imponen la firma de un acuerdo por el cual las dos partes implicadas en un contrato público -administración licitante y empresa licitadora- se comprometen a respetar los principios de una conducta íntegra y a someter todas las fases del proceso a la supervisión de un tercero independiente -o monitor-, miembro de la sociedad civil. Este supervisor trabaja asistido por un grupo de monitores expertos áreas clave para poder supervisar con efectividad todo el proceso.

 

Esta idea-herramienta ha sido desarrollada por la ONG Transparencia Internacional para mejorar la eficacia y la transparencia en los procesos licitación y adjudicación. Su objetivo es doble. Por un lado, reducir el coste de los procesos de contratación pública, mejorando la eficiencia y la eficacia, y evitando el despilfarro y los habituales sobrecostes. Y, por otro, mejorar la lucha contra el fraude y la corrupción, garantizando los principios de transparencia, concurrencia e igualdad de trato y permitiendo que el tercero independiente examine cada paso que se da en el marco del proceso.

 

“Dentro del triángulo contratante-licitador-monitor es muy importante que se garantice la independencia plena del monitor y, para ello, será clave que su financiación no provenga de la autoridad contratante sino de una fuente externa”, incide Boijmans. En el proyecto puesto en marcha por la Comisión, la financiación de los supervisores proviene del propio Ejecutivo comunitario.

 

Cada pacto de integridad deberá referirse a una contratación específica y su implementación condicionará todas las fases del proceso y a todas las partes involucradas en él.

 

Así, las empresas licitantes tendrán que hacer explícito y por escrito su respeto a la libre concurrencia, absteniéndose de adoptar acuerdos colusorios, o de ofrecer o aceptar sobornos. En el otro extremo, la Administración reiterará la observancia de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, confidencialidad, igualdad de trato y no discriminación. En medio, el monitor independiente realizará un seguimiento sistemático de todos los compromisos, vigilando su cumplimiento, y, además, hará públicos los resultados de la supervisión.

 

Asimismo, el pacto de integridad deberá contener un régimen sancionador para el caso de que se detecten incumplimientos o irregularidades.

 

Los beneficios de este tipo de acuerdos se extienden tanto a las Administraciones, que ven reforzada su imagen y la confianza en las decisiones que adoptan, como a las empresas, que tendrán garantías de que compiten en condiciones de igualdad. También gana la sociedad como conjunto, porque la rebaja de costes permite destinar el dinero a otras partidas; la reducción de la corrupción y las irregularidades mejora la confianza de la ciudadanía en las instituciones; y, además, mejora el funcionamiento del mercado impulsando la competitividad y mejorando la obra o servicio que se licita.

 

El artículo 125.4.c) del Reglamento 1303/2013, que regula el uso de los Fondos Europeos de Desarrollo, Social, de Cohesión, Agrícola o Marítimo y de la Pesca, habilita a las autoridades comunitarias a “aplicar medidas antifraude eficaces y proporcionadas, teniendo en cuenta los riesgos detectados”, lo cual dota a la Comisión de una base jurídica para impulsar decisiones efectivas. Una de ellas, explica Boijmans, son los pactos de integridad.

 

En la actualidad son hasta 17 los proyectos piloto con participación de fondos comunitarios en los que se ha aplicado a la fórmula de los pactos -todos ellos con la coordinación de Transparencia Internacional-.

 

El presupuesto conjunto de los mismos es de 920 millones -cofinanciados por fondos europeos y por los presupuestos nacionales- y la duración del plan es de cuatro años: de 2016 a 2020.

 

“No esperamos que los 17 sean un éxito, aunque confiamos que lo tengan, pero nuestra idea es ver cómo podemos mejorar”, relata Boijmans. De momento, Bruselas no ha entrado aún en la fase de debatir cómo y en qué tipo de contratos introducirlos, sino que aguarda a conocer los resultados para analizar su aplicación general.

 

El escaso año y medio de experiencia de los pactos de integridad, no obstante, ha permitido al Ejecutivo comunitario extraer ya algunas conclusiones. En primer lugar, los pactos de integridad han permitido mejorar la relación calidad-precio de la licitación y han servido de alerta temprana en caso de irregularidades.

 

Asimismo, ha mejorado la confianza en los organismos públicos, lo que impulsa a muchas más compañías a participar en los procesos de licitación, y se han logrado ahorros económicos y se han reducido los plazos de puesta en marcha y de ejecución de los proyectos.

 

La comunicación, tal y como subraya Bruselas, juega un papel fundamental en todo esto, pues es la “amenaza” del conocimiento por parte de la opinión pública la que impulsa a las partes a evitar ineficiencias o irregularidades.

 

Como nota negativa, se subraya que hay factores externos que escapan del efecto de los pactos de integridad como son las decisiones políticas o los procesos electorales. La Comisión Europea, no obstante, subraya que los pactos de integridad “no son la solución para todo”, pero sí son “un elemento dentro de un paquete más amplio” para combatir el fraude y mejorar la confianza de la ciudadanía en los procesos de contratación pública.

 

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