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TI-España participa en el debate organizado por la CNMC y ASCOM, cierre de la 1ª temporada de los “Diálogos de Compliance”

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TI-España participa en el debate organizado por la CNMC y ASCOM, cierre de la 1ª temporada de los “Diálogos de Compliance”

El pasado 11 de julio, la CNMC, junto a la Asociación Española de Compliance (ASCOM), organizó una mesa redonda como cierre de la primera serie de los Diálogos de Compliance que se han celebrado con periodicidad mensual. En total, han sido siete jornadas en las que se ha hablado de competencia, de buenas prácticas, de consejeros independientes, de transparencia, de conflictos de intereses, de contratación pública, de los programas de clemencia o de la responsabilidad social de las empresas.

 

Los participantes, entre los que se encontraban Jesús Lizcano, Presidente de TI-España, y Silvina Bacigalupo, miembro del Consejo de Dirección de TI-España, tenían 90 segundos para responder a las preguntas que planteaba Mar Díaz-Varela, directora de Comunicación de la CNMC.

El texto a continuación proviene de la nota de prensa del blog de la CNMC.

¿Por qué el Compliance officer puede acabar en prisión?

 

Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid lo dijo muy claro: “nadie que cumpla las reglas debe ir a la cárcel”. Ahí se abrió otro interrogante. ¿Es el compliance officer el responsable de las malas prácticas de otras personas de la empresa? ¿Hasta dónde llega su responsabilidad? Bacigalupo aludió también a cómo quedó esta cuestión tras la reforma del Código Penal en 2015, al concentrar la vigilancia en los “órganos de cumplimiento” de las empresas.

 

Además surgió otra pregunta ¿debe blindarse esta figura? Sí o no. Guillermo Guerra Martín, socio del Departamento de Mercantil de Gómez-Acebo & Pombo, aseguró que la responsabilidad debería recaer sobre los consejos de administración. Por su parte, José Zamarriego, de Farmaindustria, insistió en la importancia de los “códigos de conducta” de las empresas: “Ahí es donde se ve el comportamiento real de la compañía”.

 

En este sentido, Carlos Balmisa, director del departamento de Control Interno de la CNMC fue tajante: “En esa cultura de cumplimiento, la empresa tiene que ser consciente de exigir responsabilidades y por eso hablamos de la necesidad de transparencia para blindarse ante la corrupción. En el derecho penal no se castigan comportamientos culturales”.

 

Cumplimiento en la administración

 

En esta sesión se habló también del sector público, de las contrataciones y las buenas prácticas. Javier Amorós, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno reveló algunos datos que dan que pensar: un 49% de grandes ayuntamientos incumplen la ley de contratos, y ello se suman el 41% de las comunidades autónomas o el 30% de las universidades. Si hablamos de contratos menores de servicios y suministros las administraciones públicas tienen el límite en los 18.000 euros y en el caso de obras se fijan como tope los 50.000 euros. Echen cuentas porque no es lo mismo la gestión de estas cantidades en un municipio de cinco mil habitantes que en uno de trescientos mil.

 

En este sentido, Esperanza Hernández Cuadra, compliance officer y ex subdirectora de Cumplimiento Normativo y Transparencia de Metro de Madrid insistió: “El sector público tiene que predicar con el ejemplo. No sólo hay que cumplir con la legalidad, también hay que introducir mecanismos legales de prevención”.

 

Sin embargo, una de las voces que quiso dar un golpe de realidad a los allí presentes fue Dolores Flores, del Consejo de Consumidores quien sentenció: “Tenemos que trabajar para que el cumplimiento y la transparencia llegue finalmente al consumidor”.

 

En este cierre de curso estuvieron en la VII Jornada de Diálogos de Compliance: Sylvia Enseñat de Carlos, presidenta de ASCOM; Jesús Lizcano Álvarez, presidente de Transparencia Internacional España; Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Consejo Académico de FIDE; Javier Amorós Dorba, subdirector de Transparencia y Buen Gobierno; Esperanza Hernández Cuadra, compliance office y ex subdirectora de Cumplimiento Normativo y Transparencia de Metro de Madrid; José Luis Arístegui Carreiro, director general de Vortal España; José Zamarriego Izquierdo, director de la Unidad de Supervisión Deontológica de Farmaindustria; Julia Suderow, abogada especialista en Derecho de la Competencia y socia fundadora de 3CCompliance; Guillermo Guerra Martín, socio del Departamento de Mercantil de Gómez-Acebo&Pombo; José María Ayala de la Torre, abogado del Estado y responsable del grupo de trabajo de ASCOM en el sector público y Carlos Balmisa García-Serrano, director del Departamento de Control Interno de la CNMC.

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