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Transparencia empresarial: liderazgo necesario para un valor en alza

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Transparencia empresarial: liderazgo necesario para un valor en alza

11/10/2017, por Ana Revuelta, Directora del Proyecto Integridad de TI-España

Fotografía: Transparency International EU Office

 

El 28 de septiembre tuve el placer de participar en una mesa –junto a otras 5 mujeres, algo que no me había ocurrido nunca-, en el II Congreso Internacional de Transparencia de la UCM. El título de la sesión era exhaustivo “Transparencia en el mundo empresarial: oportunidad y compromiso. Lobbies y normas de buen gobierno” y la discusión resultó rica en puntos de vista distintos aunque coincidentes en que la transparencia es un valor en alza, también en el sector privado. Voy a compartir el contenido principal de mi intervención.

 

Dos cuestiones condicionan de forma persistente y genérica el entorno de los negocios, no solo en España: la preocupación por la corrupción y la crisis de confianza en las instituciones y en los líderes.

 

El barómetro del CIS arroja año tras año que la corrupción constituye la 2ª preocupación de los españoles, después del paro (Datos CIS). Por otra parte, el Edelman Trust Barometer 2017 acusa la caída de la confianza en las instituciones –gobiernos, empresas, medios de comunicación y ONG-, con datos como los siguientes: 85% de la población general cree que el “sistema” actual no funciona. Más de 3/4 coinciden en que hay un sesgo en las decisiones públicas en favor de quienes tienen más recursos y poder, conclusión a la que llegó igualmente Transparency International en su informe de 2015 Lobbying in Europe: Hidden Influence, Privileged Access: la impresión generalizada es que ciertas corporaciones y grupos influyentes dominan de forma indebida (no necesariamente ilegal) la toma de decisiones públicas. Pero además, la baja confianza se ha contagiado también a la empresa y a los líderes empresariales: la credibilidad de los CEOs ha caído a un 37%, su nivel más bajo en esta encuesta.

 

Ahora las empresas deben emplearse en revertir esta tendencia y aquí es donde entra en juego la transparencia.

 

En el sector público están más claras las razones, los objetivos, la normativa y la forma de concretar la transparencia, que se declina en “transparencia o publicidad activa” (publicación de información en páginas web), y “transparencia pasiva o acceso a la información” (respuestas a las preguntas de los ciudadanos). Sin embargo, para el sector privado todo está mucho menos desarrollado: ¿Qué significa “transparencia empresarial”? ¿Para quién y cómo materializarla?

 

Decía el investigador David Monciardini en 2012 que “en los últimos treinta años, la transparencia ha surgido como el principio más poderoso y en continua expansión para regular las relaciones entre las empresas y la sociedad” (leer más). Una empresa “transparente” debería, en primer lugar, cumplir la ley. Es decir, toda la normativa que estipule la información a publicar, y el lugar y formato exigido. Pero además, la expansión del principio de transparencia vinculado al derecho de acceso a la información pública abre un camino hacia el ejercicio de este derecho ciudadano con respecto a grandes organizaciones privadas, desde el momento en que realizan funciones públicas, o perciben fondos públicos, o incluso poseen información considerable de los ciudadanos (sobre ello se interesa por ejemplo el académico Emilio Guichot (leer más)) o la especialista en RSE Helena Ancos (leer más).

 

Además, una empresa transparente debería ir más allá de la ley. Comenzando por informar periódicamente sobre su funcionamiento y actividad (reporting) y estableciendo un diálogo con sus grupos de interés -accionistas e inversores, personal, clientes, proveedores, reguladores, comunidad en la que está inserta-. En este sentido, es importante atender las reclamaciones de los clientes/usuarios o afectados por la actividad, no escondiéndose si se producen denuncias de violaciones de derechos humanos por ejemplo o se cuestionan las cuentas o la política fiscal.

 

En suma, ser transparente no es dar muchos datos o mucha información, sino transmitir información relevante, accesible y enfocada en cada público destinatario. Más allá de la prevención de riesgos penales y reputacionales, la transparencia supone la oportunidad de mostrarse como una empresa que entiende y se adapta a las demandas del siglo XXI, cercana a su entorno.

 

Volviendo al cumplimiento de la normativa, el primer aspecto determinante de la transparencia empresarial, las grandes empresas españolas deben tener en cuenta en este momento dos legislaciones: la Directiva europea de información no financiera y de diversidad y la Ley de Transparencia.

 

En cuanto a la primera, el anteproyecto de ley que transpone la directiva está en espera de que se pronuncie el Consejo de Estado y posteriormente se tramite en el Parlamento, pero es previsible su entrada en vigor para los ejercicios económicos a partir del 1 de enero de 2017. Los objetivos de esta directiva son que aquellas empresas de cierto tamaño y volumen de negocio proporcionen información adicional a las cuentas anuales para identificar riesgos para la sostenibilidad y establecer el impacto de la empresa en el entorno económico, social y medioambiental. Veremos qué efectos tiene esta normativa puesto que las grandes empresas españolas son ya líderes en reporting vinculado a objetivos de desarrollo sostenible (Leer más).

 

En cuanto a la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (Ley de Transparencia), afecta a las organizaciones privadas en la medida en que gestionan fondos públicos: las empresas que reciban ayudas o subvenciones por encima de 100.000 euros al año o en las que éstas que supongan 40% de sus ingresos anuales deben informar en sus páginas web sobre aspectos jurídicos, institucionales y organizativos, económicos y estadísticos.

 

TI España investigó y publicó cómo está cumpliendo la Ley de Transparencia un conjunto considerable de grandes empresas cotizadas (Leer más). La primera sorpresa resultó comprobar que, de 67 empresas analizadas, solo 19 estaban sujetas a la Ley de Transparencia en 2016 y solo 25 en 2017. Además, de éstas únicamente 2 cumplen de manera efectiva. Unos datos que nos llevan a concluir que las empresas no se sienten concernidas por esta legislación de transparencia y que hace falta acercar y explicar a las empresas las medidas de publicidad activa establecidas en la ley para que actúen, no por miedo a sanciones, sino como una oportunidad de situarse a la vanguardia en transparencia.

 

Pero la transparencia se puede también materializar de manera voluntaria y en temas específicos que diferencian a la empresa, como es la política de lobby. En Francia, un grupo de 8 empresas convocadas por TI Francia firmó hace unos años -cuando aún no existía un marco de regulación para esta actividad- una declaración común por un lobby responsable, comprometiéndose a llevar a cabo su actividad de lobby de manera transparente e íntegra y como parte de su responsabilidad social. A estas se fueron sumando otras, y posteriormente elaboraron junto con TI Francia una guía para calcular los gastos en lobby (Ver aquí). Termino con dos extractos de la declaración pública de Pernod Ricard, una de las iniciadoras, sobre su política de lobby (Ver aquí):

 

 “Todas nuestras prácticas de lobbying se llevan a cabo de forma abierta, transparente y ética. Pernod Ricard participa activamente en las deliberaciones legislativas y/o administrativas, haciendo valer nuestras posiciones y soluciones ante la industria y demás partes interesadas, como legisladores y decisores locales. Lo hacemos a través de las asociaciones profesionales de las que formamos parte o directamente, cuando el tema atañe específicamente al Grupo. “

 

“En Francia y en Europa, los gastos de lobbying emprendidos por el Grupo se publican específicamente en los sitios Internet de las instituciones políticas que llevan un registro y ascienden a 1 millón de euros aproximadamente para el ejercicio fiscal 2015-2016. En Francia, nuestra afiliación a Transparency International – Francia nos ha llevado a firmar una guía de buenas prácticas sobre la forma de declarar los gastos de lobbying parlamentario.”

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